Edición 374

“¿Por qué es lícito matar comunistas?”*

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“¿Por qué es lícito matar comunistas?”*Este es un capítulo del libro Camino minado, de la periodista Maureén Maya ( B ).

En la sala destinada para el encuentro entre abogados y clientes del tercer piso de la prisión "Metropolitan Correctional Center de Nueva York", ubicada en el corazón de Manhattan, la tarde del 29 de mayo de 2009, se produjo un encuentro inusitado.

Cara a cara estaban Diego Fernando Murillo, alias "Don Berna", la senadora Piedad Córdoba y los defensores de derechos humanos Iván Cepeda y Danilo Rueda. El primero, sobreviviente de las guerras intestinas del Cartel de Medellín, y luego jefe e intendente de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Los otros, víctimas de acciones criminales del grupo paramilitar.

En los minutos iniciales de esa conversación se respiraba tensión en el ambiente.

—Quiero pedirle perdón a usted, senadora Córdoba, por el secuestro del que fue objeto por parte de hombres que yo dirigí —arrancó diciendo "Don Berna" con la voz pausada—. Y a usted también, doctor Cepeda, por el asesinato que cometimos en contra de su señor padre.

Alias "Don Berna" le narró entonces a la senadora cómo se había cometido su secuestro. Le reveló que su vida había estado en grave peligro, pues por la época en que se la llevaron los paramilitares, a su máximo líder, Carlos Castaño, le había dado por escenificar "juicios populares" —imitando los que hacía la guerrilla— con quienes eran llevados por la fuerza ante él.

—Imagínese, doctora, en ese juicio Carlos me había ordenado que yo fuera su abogado.

“¿Por qué es lícito matar comunistas?”*Para suerte de la senadora, algunos hechos políticos en aquel momento y las presiones que buscaban su liberación, impidieron la condena a muerte que proferiría Castaño, quien se había autoproclamado juez de sus rehenes.

Luego de escuchar esa narración, Iván Cepeda, con la mirada fija en el rostro del extraditado, le dijo que la solicitud de perdón tenía significado si confesaba quiénes eran los autores intelectuales del homicidio de su padre. Sin inmutarse, "Don Berna" le respondió:

—Recuerdo que en ese período había algunos militares que eran asiduos visitantes de nuestros campamentos, entre los que se contaba el general Rito Alejo del Río. Él insistía en que había que matar a su padre. También lo hacía el señor José Miguel Narváez, a quien Castaño escuchaba con atención siempre, y a quien consideraba su principal asesor. Él lo incitaba permanentemente a emprender operaciones de ese tipo. Además del asesinato del senador Cepeda, lo convenció de que debía secuestrar a la senadora Córdoba y ordenar el asesinato del humorista Jaime Garzón.

La alusión al general Rito Alejo del Río no sorprendió a los visitantes de la cárcel neoyorquina; su vinculación a la planificación de la estrategia mediante la cual las AUC incursionaron en vastas zonas del norte del país había sido confesada por varios jefes paramilitares. En cambio sí llamó la atención la referencia a José Miguel Narváez; una figura sombría con poca aparición en los medios de comunicación pero, según testimonios consignados en las versiones rendidas ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, con gran influencia en las decisiones de la comandancia de las AUC. Su nombre apareció por primera vez en los titulares de prensa en 2005, cuando estalló un enfrentamiento con Jorge Noguera, su superior jerárquico en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El episodio era uno de los primeros síntomas del escándalo de inmensas proporciones que sacudiría en los años siguientes al organismo de inteligencia colombiano.

Narváez fungía como asesor en temas de seguridad y geoestrategia, instructor en academias como la Escuela Superior de Guerra, consejero de seguridad del Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, asesor de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, y colaborador muy cercano al general Del Río. Varios jefes paramilitares han sostenido que, en sus centros de formación, Narváez dictaba un cursillo bajo el título: "¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?".

Cuando fue interrogado al respecto, Narváez negó estas acusaciones calificándolas como una estratagema de las organizaciones paramilitares para desacreditarlo. No obstante, tanto los asistentes a las cátedras en las escuelas militares, como los participantes en las lecciones que habría impartido a las AUC, coincidían en mencionar la manera en que éste se presentaba a las sesiones de adoctrinamiento. Sus alumnos de las escuelas de inteligencia del Ejército Nacional y la Armada, recuerdan a José Miguel Narváez como un apasionado del tema de la guerra política, que llegaba a clase con una maleta cargada de libros que esparcía sobre una mesa y seleccionaba como si se tratara de un buen menú. Entre sus favoritos estaba El arte de la guerra, de Sun Tzu, un texto milenario que aun hoy inspira a los amantes de la doctrina bélica.

Por su parte, el jefe del bloque Catatumbo de las AUC, Jorge Iván Laverde, alias "Pedro Fronteras" o "El Iguano", en su versión ante la Fiscalía el 17 de junio de 2008 afirmó: "Yo lo vi en las fincas La 35, La Acuarela y La Siete. Este personaje [Narváez] cargaba en una maleta un poco de libros. Le dictaba conferencias de adoctrinamiento militar a las tropas, a la comandancia".

La tesis central que exponía el consejero de inteligencia en sus cursos consistía en que más allá de la confrontación armada, la misión esencial de combate para las fuerzas militares, los organismos de inteligencia y sus aliados, era, en sus propias palabras, "neutralizar a los agentes enmascarados e infiltrados de la llamada guerra política": líderes de los partidos de oposición, periodistas, organizaciones de derechos humanos, sindicalistas, docentes, etcétera. A los infiltrados, según él, había que considerarlos como un "cáncer sin diagnosticar plenamente". "El trabajo de la subversión desarmada —escribía— ha logrado en este proceso colombiano de conflicto interno más resultados en contra del Estado como un todo, que el trabajo del ente subversivo cargado de fusiles y ametralladoras. Es aquí en donde se encuentra el verdadero centro del conflicto".

“¿Por qué es lícito matar comunistas?”*En esta clase de escritos, Narváez clamaba porque las gentes de bien rescataran la educación patriótica y cívica, evitando la sustitución de los valores de la nacionalidad por una cultura de reclamación permanente de derechos. En realidad, ésta era una versión extrema de la teoría del "enemigo interno" que hacía parte de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, propia de la era de la Guerra Fría, que buscaba catalogar a los civiles como blanco de la acción militar o paramilitar.

Años después de publicados esos textos de su autoría, Narváez se convirtió en subdirector del DAS y contribuyó a diseñar las operaciones del Grupo Especial de Inteligencia, G-3, cuyo objetivo esencial estaba dirigido a neutralizar la actuación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, por medio de un sofisticado esquema de espionaje que se conoció a través de la incautación de 103 carpetas que contenían miles de folios y documentos, en los que se daba cuenta de una intromisión ilegal en la vida privada y pública de decenas de personalidades del país. Este sofisticado sistema de inteligencia ofensiva, utilizaba incluso los esquemas de protección suministrados por el propio DAS a personas en situación de riesgo, para cumplir con sus objetivos de espionaje. La labor que tenía el Grupo Especial de Inteligencia, G-3, era conocida por sus directivos, quienes participaron en reuniones al interior de este equipo de trabajo y colaboraron diseñando estrategias para su cometido. Por estos hechos, el 9 de abril de 2010, la Fiscalía General de la Nación, por orden de un Juez de Control de Garantías, capturó a Jorge Lagos**, Fernando Tabares, Bernardo Murillo, Luz Marina Rodríguez y Germán Albeiro Ospina, ex directivos del DAS, por su participación en la interceptación telefónica de varios magistrados, periodistas y dirigentes políticos. De acuerdo con el ente acusador, estos funcionarios tendrán que responder por concierto para delinquir y abuso de autoridad.

La convicción de José Miguel Narváez de que el objetivo principal de las operaciones de inteligencias, debían ser los civiles y no los armados, se había consignado en decenas de manuales, instructivos y órdenes de batalla de la Fuerza Pública. En junio de 1988, Manuel Cepeda Vargas dio a conocer en las páginas del periódico que dirigía, el semanario Voz, la existencia de uno de esos textos, utilizados para la formación de parte de la oficialidad en las aulas de la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Nacional. Dicho texto, titulado "Conozcamos nuestro Enemigo", contenía un organigrama de movimientos sociales y partidos políticos que debían ser perseguidos y eliminados. Entre esos movimientos figuraba la Unión Patriótica, UP.

¿Cómo se planificó y perpetró la muerte del senador Manuel Cepeda Vargas?

De acuerdo a las distintas fuentes testimoniales y judiciales, en las que se fundamentaron los alegatos probatorios que condujeron a que la Corte IDH, emitiera un fallo condenatorio contra el Estado colombiano, por su responsabilidad en el asesinato de Manuel Cepeda, el alto mando militar diseñó el «Plan Golpe de Gracia», con el fin de coordinar operaciones encubiertas en complicidad con la jefatura de los grupos paramilitares. Esta coordinación mixta era parte esencial de una estrategia integral que contaba con canales de comunicación regular. A los campamentos de la comandancia de las AUC, como ya se dijo, llegaban visitas frecuentes de mandos militares, como el general Rito Alejo del Río. Así mismo, en el organigrama de las AUC, figuraba un grupo de prestantes políticos y empresarios que dictaban las órdenes de ejecución.

“¿Por qué es lícito matar comunistas?”*El llamado Grupo de los Seis o de los Ocho, se reunía para tomar ese tipo de decisiones. Entre ellos figuraban personajes como José Miguel Narváez y Pedro Juan Moreno Villa. Los paramilitares discutieron los detalles de las acciones que se realizarían en una cumbre que se llevó a cabo en el Magdalena Medio a comienzos de 1994, de la que se tiene información por el testimonio rendido ante agentes del DAS por Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias "Vladimir". En esa asamblea acordaron los preparativos para los atentados contra Manuel Cepeda, Hernán Motta y Aída Abella.

El operativo para asesinar al primero de ellos, se planificó en forma conjunta creando dos grupos coordinados: uno compuesto por miembros del Ejército Nacional —los suboficiales Justo Gil Zúñiga Labrador y Carlos Medina Camacho—, y otro por paramilitares que, bajo el mando de Carlos Castaño Gil, venían desde Medellín en un carro robado.

En el curso de las investigaciones y los procesos judiciales que se han adelantado durante más de dieciséis años, se pudo establecer con precisión la modalidad de actuación del equipo mixto compuesto por suboficiales del Ejército Nacional y sicarios de grupos paramilitares. El día en que se ejecutó el operativo, el suboficial del ejército, Hernando Medina Camacho, hizo seguimiento al Senador de la UP a bordo de una motocicleta, mientras que el suboficial Justo Gil Zúñiga Labrador, actuó como pistolero desde el Renault 9 blanco en el que viajaba, acompañado por los paramilitares. Los tres sicarios de las AUC llegaron a Bogotá acompañados por Carlos Castaño, quien narró detalladamente en el libro Mi confesión cómo dirigió personalmente parte de la operación, y cuáles fueron sus motivaciones para colaborar con sus hombres en el homicidio contra Cepeda, planificado por altos mandos del Ejército Nacional.

El general del ejército Rodolfo Herrera Luna —oficial encargado de coordinar la operación por parte de las Fuerzas Militares— impartió la orden de ejecutar al senador Cepeda a los dos suboficiales que pertenecían a una unidad de inteligencia bajo su mando. Para ese fin, les encomendó trasladarse a Bogotá para tomar parte en un curso de ascenso. En una guarnición militar de Bogotá recibieron las instrucciones sobre la operación y el contacto con el grupo dirigido por Castaño.

Manuel Cepeda había denunciado en un debate en el Congreso de la República que los generales Rodolfo Herrera Luna, Ramón Emilio Gil Bermúdez y Harold Bedoya Pizarro, eran algunos de los oficiales del ejército que habían elaborado el «Plan Golpe de Gracia», y que todos ellos tenían vínculos estrechos con los grupos paramilitares. Los suboficiales Medina Camacho y Zúñiga Labrador, habían tomado parte en otras acciones bajo la dirección del general Herrera Luna, y tenían un amplio prontuario en el que figuraban múltiples homicidios y actos de tortura. Medina Camacho, quien había sido escolta personal del presidente de la República, Virgilio Barco, participó con el general Herrera en la conformación del grupo paramilitar 'Hure', que asesinó a más de una decena de civiles a finales de la década de 1990.

Durante el proceso de investigación del caso Cepeda Vargas, se presentaron numerosos hechos de amenazas, hostigamientos y atentados contra quienes intentaban esclarecer el homicidio: la esposa y la hija de Elcías Muñoz, testigo principal del caso, fueron desaparecidas; el arma del suboficial Zúñiga Labrador apareció descompuesta en las instalaciones de uno de los organismos oficiales de la Policía Judicial, los abogados y familiares del senador Cepeda fueron amenazados reiteradamente.

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación vinculó al ex sub Director del DAS, José Miguel Narváez, con el magnicidio del dirigente de la extinta Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda Vargas. Esta vinculación, según se pudo establecer, se dio luego de evaluar el testimonio entregado por el desmovilizado jefe paramilitar, hoy extraditado a los Estados Unidos Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna".

* Capítulo 1º de Castro Cepeda, Iván. Esclarecimiento del Genocidio contra la Unión Patriótica. Op. Cit.

** El Espectador. "DAS enviaba sufragios a sus perseguidos, aseguró Lagos". Sección Judicial, Bogotá, 31 de marzo de 2011. El ex subdirector del Das, Jorge Alberto Lagos, condenado a 8 años de prisión, confesó ante un Juzgado Penal Especializado de Bogotá durante el juicio que se le sigue por el llamado escándalo de "las chuzadas", que el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, recurría a varios métodos amenazantes contra sus blancos políticos (representantes de movimientos obreros y ONG defensoras de derechos humanos), enviándoles muñecas ensangrentadas y sufragios. También reconoció que se emprendió una actividad de desprestigio contra algunas ONG y que se efectuaron seguimientos a personalidades pertenecientes a estos mismos sectores en el exterior, en especial, a aquellos que hacían parte de movimientos que denunciaban la situación de derechos humanos en Colombia.