¿Por qué Chile requiere una nueva constitución? 

He decidido escribir sobre este tema con el fin de que las personas ajenas al devenir de este país, puedan tener una idea clara del por qué se vive este proceso histórico en una nación supuestamente “ejemplar” para Latinoamérica. Con el propósito de responder al título de esta columna, pasaré a mencionar de forma precisa el por qué Chile pide a gritos una nueva constitución. 

Soy consciente del poder económico de Chile, de su estabilidad económica, su baja tasa de inflación, la inversión extranjera presente, y todos su “envidiables” índices económicos para la región, pero – aquí lo central de mi opinión -, la raíz del problema es que el país crece, pero no reparte. Las ganancias y el crecimiento económico solo se ven en un sector. La falacia de la teoría del derrame, donde si los empresarios crecen todos crecemos, no es cierta, esto se hizo evidente durante estos últimos treinta años. 

Es de histórico conocimiento lo que sucedió en Chile entre 1973 y 1990, así es, una dictadura militar. Además de la violación sistemática de los derechos humanos, la junta militar encabezada por Pinochet, fueron diligentes visionarios sembrando un modelo político y económico que hasta el día de hoy, cosecha millonarias divisas para la elite económica del país. 

En ese tiempo, para lograr que Augusto Pinochet dejara el poder, la oposición a través distintas formas tuvo que hacer ingobernable el país - protestas incesantes, nacimiento de guerrillas, ayuda internacional, etc- para así recién permitir un plebiscito y sembrar la esperanza de una vuelta a la democracia. 

Durante el proceso en 1988, las personas que alegres coreaban el jingle “Chile, la alegría ya viene”, pensaron ilusamente que con la derrota del dictador, el largo episodio de la dictadura quedaría atrás solo como un triste recuerdo; lamentablemente, la gallina de los huevos de oro ya tenía dueño. 

Un 11 de marzo de 1981 en plena dictadura militar entra en vigencia la nueva constitución chilena. Entre los cerebros encargados de redactar esta carta magna se encuentra Jaime Guzmán, un abogado colaborador judicial del por entonces dictador. Es de público conocimiento el estrecho vínculo que manejaban, puesto que el abogado fue presidente del partido político que le brindaba su total apoyo - Unidad Demócrata Independiente -, además de ser el principal redactor de sus discursos políticos, fue también asesor en materia política y doctrinaria del general.

Guzmán, quien fue protagonista en la redacción de la carta magna señalaba que “la Constitución debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario”. Todo fríamente calculado.

Este nuevo modelo subsidiario que es afín a la idea de un Estado de mínima intervención, fue presentado por economistas y cientistas sociales en los años 80, el cual fue impuesto sin debate ni participación ciudadana, ya que se trató de una Constitución otorgada al margen de la soberanía popular, y por lo tanto, ilegítima en su origen. Se arrancó con el pie izquierdo.

La fe que profesa la carta vigente es la de otorgarle al Estado un papel subsidiario de la economía y de simple regulación mediante un dogma ideológico, donde su principio consiste en que “lo económico” se deja a la libre iniciativa de los privados –más eficientes supuestamente -, y por defecto, que el Estado solo ingresa a este escenario cuando los contratistas son ineficientes en determinadas áreas. ¿Qué lindo suena no? Pero a la larga es hacer que la desigualdad se haga costumbre.

Quiero analizar algunos artículos de la actual constitución con el propósito de que se entienda por qué tuvo que estallar un país para llamar la atención; en primer lugar y lo más importante: la educación. Por “la libertad de enseñanza” (art.19 N°11) no se consagra el derecho a la educación, sino a acceder y a lucrar con ella, es decir, cualquier persona que tenga el dinero suficiente, podrá abrir y mantener con fines comerciales un establecimiento educacional, en donde a través de la libre competencia del mercado, ellos fijarán el precio generando así mayor desigualdad.

Con esto, si existiera un intento por evitar el lucro será catalogado como inconstitucional. Una belleza. Aquí se hace imposible el pensamiento de un ex presidente llamado Pedro Aguirre Cerda, quien creía que la revolución de un pueblo comienza con la educación, teniendo como bandera de lucha su slogan “gobernar es educar”. Hoy, los políticos como Aguirre son unicornios, no existen.

En segundo lugar, la salud. De nuevo la desigualdad. En su artículo 19 N°9 dice que “es deber del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que presten a través de instituciones públicas o privadas, en las formas y condiciones que determine la ley” y más adelante. “cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este estatal o privado” ... En criollo, si no tienes dinero suficiente para pagar un sistema de salud y padeces una enfermedad de alto riesgo vital, mueres esperando tu primera consulta por el sistema público. 

En tercer lugar, la constitución solo garantiza y asegura las pensiones mínimas (art. 19, N°18) sin ninguna exigencia de cumplimiento, razón por la cual nuestras pensiones quedan de nuevo en manos del mercado debido a la "Libertad de Empresa" (art. 19, N°21) lo que consagra constitucionalmente el modelo de las AFP -Administración de Fondos de Pensiones-. Cabe detallar que militares no están obligados a pertenecer a estos fondos a merced del mercado, sino que tiene el propio llamado CAPREDENA, donde las pensiones entregadas en promedio son 5 veces más altas. 

Así mismo, el modelo de privatización de absolutamente todos los servicios básicos, además de las principales carreteras del país que están bajo concesión y autorizadas para cobrar peajes y tags (dispositivo electrónico que va en el vehículo), el país queda de rodillas frente a los oligopolios, y justamente es éste crecimiento, el que se ve proyectado en los gráficos que elogian hasta el hartazgo economistas liberales.   

Así, durante estos largos 30 años se intentó solo reformar la constitución en pequeños aspectos –ya que el quórum necesario para cambiarla por completo es prácticamente imposible – y se idearon algunos proyectos en este sentido, como: 1) Se trató de que el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) tuviera más facultades con el fin de proteger aún más al consumidor de las ilegalidades que provocan algunas empresas. 2) Para que los trabajadores pudieran proteger sus derechos frente a la negociación con el empleador, se trató de fortalecer los sindicatos a través del proyecto de ley “ titularidad sindical”; con esto se eliminarían los grupos conformados por fuera de esa negociación, en donde el patrón tenga incidencia y genere altercados entre los mismos trabajadores. 3) Con el fin de que las universidades no fueran con fines de lucro se buscó que las empresas no manejen universidades. ¿Qué ocurrió? Todos estos proyectos de ley fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Y valga la anécdota, ahora ese mismo sector hace propaganda para rechazar el plebiscito en camino. 

Por último, es lamentable el panorama que estamos viviendo a nivel mundial por el virus COVID-19, y para colmo, somos de los pocos países que pretenden cobrar por el test, a partir de 30 dólares. Con tal de no parar la economía se niegan a decretar cuarentena total en todas las comunas de la capital y a congelar precios del alcohol en gel y mascarillas ¿con qué excusa?, lo catalogan de inconstitucional; un chiste de mal gusto. 

Así mismo, con el aumento de casos de contagio en el país, han postergado el plebiscito del 26 de abril para el 25 de octubre con la excusa de la pandemia, pero no se decreta la cuarentena y las personas deben ir a trabajar hacinados en el transporte público. ¿Para trabajar no hay contagio, pero sí para el plebiscito, como lo anunciaron? Algo no me cuadra. 

Espero que la frase “Chile despertó” no sea una quimera, sino un paso más a un Chile más justo ¿Se necesita cambiar la constitución? Queda para que usted lo analice, pero permítame un dejo de rabia a tanta injusticia vista.

*Chileno, estudiante de Ciencias Sociales en UBA.

Fuentes: Ciper Chile, Archivo Jaime Guzman, Senado de la República de Chile, El Desconcierto 

* Fotografía tomada de BBC.com